Condenan al Estado por daños a Cementos David /Diario Extra / La Sala Constitucional, en la sentencia 012825−2014, condenó al Estado a pagar las costas, daños y perjuicios que le causó a la empresa Cementos David, la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo que, de forma unilateral, invalidó todos los permisos otorgados al proyecto de molienda de esa compañía.
Los magistrados tomaron esa decisión al resolver un recurso de amparo presentado por la empresa ante la arbitraria actuación de la Sección Tercera de ese Tribunal, en su condición de jerarca impropio municipal.
Según el más alto órgano constitucional, el fallo, que obligó a los socios de la empresa a clausurar la operación de la planta, en San Rafael de Alajuela, es ilegal.
El Contencioso resolvió un recurso de apelación presentado por un pequeño grupo opositor a la compañía ante una resolución del alcalde de la Municipalidad de Alajuela, la cual dispuso hacer una retasación de algunas obras de la planta.
Mediante la resolución administrativa 410−2011, del 31 de octubre de 2011, la jueza Silvia Consuela Fernández anuló la resolución municipal y ordenó clausurar las obras adicionales. Además, agregó que no se había comprobado que la actividad realizada por Cementos David no provocara contaminación al ambiente.
Para los magistrados, las actuaciones de la jueza Fernández violan el derecho fundamental de la cosa juzgada constitucional, es decir, ella no podía resolver algo sobre lo que la Sala ya había emitido tres sentencias en las que dejaban clarísimo que Cementos David cumplió, a cabalidad, con todas las normativas ambientales y administrativas y su operación no constituía riesgo alguno para el medio ambiente y la salud de las personas.
Por ello, declararon con lugar el recurso y anularon, parcialmente, la resolución administrativa dictada por la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, en lo referente al riesgo de contaminación.
ARRANCAN MÁQUINAS
Luego de año y medio de trámites y obstáculos para obtener los permisos de instalación y construcción, Cementos David inició operaciones, en la zona industrial de San Rafael de Alajuela, el primero de octubre de 2010, bajo la constante fiscalización e inspección de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Alajuela. Esas instituciones realizaron, en la molienda de cemento, análisis de procesos, control de calidad, pruebas de materia prima, controles de ruido, medición de partículas en suspensión, entre otros. Todos los estudios determinaron que la tecnología de punta con que operaba la molienda evitaba cualquier riesgo de contaminación.
La empresa logró, en 18 meses de producción, vender 4 millones de sacos de cemento y, lo más importante, una significativa baja en los precios del cemento.
En contra de la operación, un pequeño grupo de vecinos orquestaron un plan para desprestigiar la buena reputación de la cual goza la empresa, al punto que el Tribunal Penal de San José condenó a uno de los dirigentes por el delito de difamación de persona jurídica.
Además, la empresa enfrentó cierres ilegales, en el periodo de construcción, apelaciones, solicitudes de nulidad sin fundamento alguno a todos los permisos obtenidos, denuncias difamatorias en diversas sedes judiciales y, por último, tres recursos de amparo ante la Sala Constitucional acusando a Cementos David de ser una empresa altamente contaminante.
JUEZA CUESTIONADA
Los jueces de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, Evelyn Solano Ulloa, Eduardo González Segura y Elías Baltodano Gómez, presentaron, el 9 de abril de 2012, una denuncia, ante la Inspección Judicial, contra la jueza que resolvió en contra de la empresa cementera, Silvia Consuelo Fernández Brenes.
Según la queja, Fernández intervino y ejerció presiones en los cojueces para que resolvieran, en beneficio de ella, una recusación planteada por Cementos David en su contra.
La empresa le solicitó a Fernández inhibirse de conocer el recurso de apelación presentado en contra del alcalde de Alajuela, debido a un conflicto de intereses entre ella y su cuñado, el hijo de la exalcaldesa de Alajuela, Joyce Zurcher, interesada en la resolución de ese conflicto y quien, en su gestión en la municipalidad, ya había clausurado la empresa de manera absolutamente ilegal.
Esta situación generó un roce entre los tres miembros del tribunal y Silvia Consuelo pues, al notificarle la situación, reconoció el nexo familiar pero instruyó a sus compañeros para que resolvieran la recusación a su favor.
En el documento, los funcionarios judiciales señalan que les pareció irregular la actitud “insistente, y a nuestro parecer, imponente” de la jueza a efectos de que resolvieran a su favor. Los jueces aclararon que fue, hasta que se presentó la recusación, que tuvieron conocimiento del nexo familiar con la exalcaldesa Zurcher.
Para los denunciantes, Silvia Consuelo intervino directamente en el asunto “presionándonos con el único afán de que se resolviera de manera favorable, en beneficio de ella”.
Según la queja presentada ante la Inspección Judicial, Silvia Consuelo tenía un especial interés en que se decretara el cierre de la empresa Cementos David −el cual ella misma ordenó−.
Ante esta situación legal, la empresa presentó un recurso de amparo al que la Sala IV dio trámite y, como medida cautelar, ordenó suspender la resolución tomada.
De forma inaudita, la Inspección Judicial archivó la causa. Contra Fernández existe, también, una investigación, en la Fiscalía de Probidad, por el delito de prevaricato y, de forma inexplicable, el mismo día que la Sala Constitucional resolvió el recurso de amparo, la fiscal a cargo del caso, pidió un sobreseimiento a favor de la jueza. Sin embargo, Cementos David presentó una solicitud, ante el Juzgado Penal, para que se ordene continuar con la investigación.
Máxime que, el 4 de abril de 2013, los investigadores de la Sección de Fraudes del Organismo de Investigación Judicial rindieron un informe del caso en el que solicitaban a esa Fiscalía la detención y suspensión inmediata del cargo de jueza a Silvia Consuelo, debido a la gravedad de los hechos.
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