El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Pro Consumidor, es demandado nuevamente por defender a usuarios y consumidores al exigir una certificación de no objeción del Ministerio de Obras Públicas a la compañía importadora del cemento Carib.
La audiencia contra la entidad defensora de los consumidores está fijada para el jueves a las 9:00 de la mañana en el Tribunal Superior Administrativo, ubicado en la calle Juan Sánchez Ramírez, No. 1 esquina Socorro Sánchez, Gazcue.
La compañía que importó el cemento y a quien se le exige cumplir con los requisitos de calidad y los procesos indicados por la Normativa RTD 17, pide al tribunal que Pro Consumidor sea condenado al pago de una sanción económica de 200 mil pesos diario (astriente).
Pro consumidor advierte a los jueces que no se dejen sorprender en la administración de justicia por la compañía Distribuidora de Cemento Docemca que trajo al país dos millones 499 mil kilogramos de cemento procedente de Jamaica.
El producto fue retenido en el puerto de Boca Chica.
La directora de la entidad, Altagracia Paulino, dijo que el 3 de mayo, Obras Públicas emitió una certificación en la que hace constar que ese despacho “no ha emitido certificado de no objeción para la comercialización en el mercado local del cemento importado, tipo Portland, marca Carib”.
La ley precisa: "Se prohíbe la importación e internación de productos cuya comercialización, prestación, uso o consumo estén suspendidos en su país”.
Pro Consumidor precisó que mientras Obras Públicas no otorgue el resultado que diga que ha superado el análisis de riesgos, “no lo vamos a liberar, porque estaríamos exponiendo a la población a que cave su propia tumba”.
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