Bogotá. Con la reactivación de las relaciones colombo-venezolanas, la cementera ve los primeros pasos para alcanzar una solución con respecto a la indemnización por expropiación de los activos propiedad de su filial Corporación Cemento Andino C.A.
Desde marzo de 2006 la empresa ha cursado los trámites legales del caso frente a las autoridades venezolanas a fin de establecer el reconocimiento de sus derechos.
La historia de Cementos Argos en el vecino país inició en 1997, cuando Cementos del Caribe S.A. le compró al Estado venezolano, los activos cementeros localizados en Llanadas de Monay, en el estado de Trujillo.
Para operar dichos activos Cementos del Caribe S.A. (hoy Cementos Argos) constituyó la Corporación Cemento Andino C.A. En el transcurso de los años y hasta que Argos operó su filial venezolana, se aumentó la capacidad hasta producir a 750.000 toneladas anuales de clinker.
Cronología
El 16 de julio de 1997 el Consejo de Ministros del Gobierno venezolano aprobó llevar a cabo el proceso de privatización de los bienes del complejo cementero ubicado en las llanadas de Monay en el estado Trujillo.
El 5 de diciembre de 1997 se realizó el acto público de presentación y selección de ofertas de los bienes del complejo cementero propiedad del Fondo de Inversiones de Venezuela, resultando favorecido el grupo Cementos del Caribe S.A. (hoy Cementos Argos S.A.).
El 8 de enero de 1998 el Fondo de Inversiones de Venezuela certifica el pago de 80.994.602 dólares recibidos de Cementos del Caribe S.A., pagando de contado los bienes del complejo cementero, activos que pasaron a ser propiedad de la Corporación de Cemento Andino C.A., constituida por el comprador para su debida operación.
Por orden judicial, el 13 marzo de 2006 la Corporación de Cemento Andino C.A. fue apartada de la administración de sus propiedades en Venezuela.
El 2 de agosto de 2007 la Asamblea Nacional declaró de utilidad pública las instalaciones del complejo cementero de las Llanadas de Monay.
Tras un proceso judicial, el 26 de marzo de 2009 el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dicta sentencia reconociendo a la filial de Cementos Argos como propietario de los activos cementeros en cuestión. En la misma sentencia se da lugar a la expropiación decretada por la Asamblea Nacional.
Desde el fallo del 26 de marzo de 2009, Cementos Argos está esperando a que se lleven a cabo los trámites para fijar el valor y el pago de la indemnización correspondiente.
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