El grupo mexicano Chihuahua anunció hoy que espera del Gobierno de Evo Morales una compensación de 93 millones de dólares por la expropiación de sus acciones en una fábrica de cemento situada en el sur de Bolivia.
El gerente de Planeación del Grupo Cementos de Chihuahua, Jaime Fernández, dijo a Efe que el monto fue definido por la firma chilena Celfin Capital, contratada para tener "una opinión independiente del valor" de sus acciones, el 33 por ciento de la empresa Fancesa, al margen del estudio encargado por el Gobierno de Morales.
"Llegamos a la cantidad de 280 millones de dólares, que es el valor comercial estimado de Fancesa. Lo que correspondería por el paquete que el Gobierno recuperó (...) es una tercera parte, que equivale a unos 93 millones de dólares", señaló.
Morales expropió en septiembre de 2010 las acciones de los mexicanos y de sus socios bolivianos en Fancesa con el argumento de que la compra de ese paquete accionarial en 1999 fue irregular, lo cual niegan los afectados.
Fernández llegó a La Paz esta semana porque el próximo lunes concluye el plazo fijado en el decreto de expropiación para la conciliación y el pago.
Indicó que aguardan a conocer los resultados del estudio oficial y ratificó que el Gobierno mexicano está al tanto del proceso y espera "que termine en un pago justo y a tiempo".
Fernández justificó lo reclamado porque entre 1999 y 2009, Fancesa triplicó sus empleos, duplicó su producción, multiplicó por tres sus ingresos y por cinco su utilidad neta.
Expresó confianza en que habrá "un fin adecuado del proceso", pues la consultora chilena usó el mismo método requerido por el Gobierno boliviano para contratar a la empresa nacional que realiza el mismo cálculo.
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