La Asociación Puertorriqueña de Concreto (APC), urgió hoy al Estado a que ejerza sus funciones de fiscalización, ante las alegadas prácticas monopolísticas por parte de los productores de cemento, a la vez que favoreció una investigación en torno a esas compañías.
En audiencia de la Comisión de Desarrollo Económico, Comercio, Industria y Telecomunicaciones, presidida por José Chico Vega, el vicepresidente de la APC, Antonio Joglar, manifestó que la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia debe procurar que se cumplan las leyes aplicables relacionadas a la libre competencia.
Sostuvo que no es posible que la industria del concreto subsista, si las prácticas predatorias que alegan los socios de la APC, continúan llevándose a cabo de manera impune. Entre las empresas señaladas por los socios se encuentran CEMEX, Antilles Cement y Concreteras Puerto Rico.
“De ello continuar, seguirán desapareciendo las pequeñas y medianas compañías de hormigón premezclado. Ese capital puertorriqueño desaparecerá y muchos de nuestros conciudadanos se unirán a las ya abultadas filas de desempleados”, agregó el ingeniero.
Sin embargo, Joglar consignó en más de una ocasión, que no tienen pruebas específicas de todo lo que planteó durante la vista.
“Como Asociación, quizás no podemos proveer la evidencia legal ni podemos dar por sentado las acusaciones, rumores o acontecimientos… No lo hacemos como acusaciones directas, sino como base para atender los reclamos investigativos de esta resolución”, señaló.
El ponente solicitó que se indague si los contratos, combinaciones o la conspiración para restringir irrazonablemente los negocios o el comercio existe.
Además, pidió que se investigue cómo esa práctica afecta a los presupuestos estatal y municipal; y si aumentará el costo de la obra pública. Incluso, que se conozca si incrementará el costo de la vivienda pública.
“Hay muchas interrogantes en el tintero, que más allá de afectar la industria, salpican la vida, la salud y la seguridad de nuestros conciudadanos”, concluyó Joglar.
La comisión investiga las alegadas prácticas monopolísticas por parte de los productores de cemento, como resultado de las adquisiciones de hormigoneras en Puerto Rico.
De acuerdo a la resolución radicada por Chico Vega, esa práctica ha afectado a las pequeñas empresas que han tenido que cerrar sus negocios ante una inminente quiebra, por no poder competir en precios con su suplidor de materia prima.
El Presidente de la comisión recordó que las industria del cemento y las hormigoneras revisten una gran importancia para el desarrollo económico y la calidad de vida de los residentes de la Isla. Esto, por su impacto sobre la infraestructura pública y privada, el desarrollo de proyectos de viviendas, escuelas, edificios públicos y hoteles, entre otros.
Indicó que existen grandes preocupaciones entre los integrantes y relacionados a la industria de la construcción, respecto a recientes adquisiciones y fusiones de hormigoneras y productoras de cemento y el impacto de ello en el costo del cemento.
“Éstos mencionan a productores de cemento que adquirieron los activos de varias hormigoneras en Puerto Rico, convirtiéndose en productores de cemento y hormigoneras, creando la posibilidad de que se controle el mercado del cemento en saco y del hormigón premezclado en la Isla”, expresó Chico Vega.
Para el representante es apremiante conocer las acciones realizadas, si alguna, por la División de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia u otras agencias gubernamentales, para atender las denuncias.
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